Organizaciones sociales expresaron duras críticas al proyecto promovido por el oficialismo.

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Jueves, 10 de Abril de 2008

LA CAMARA DE DIPUTADOS APROBO LA NORMA QUE PENALIZA EL TRAFICO DE PERSONAS

Ley para combatir la trata

La norma impone penas de 3 a 6 años a quien capte, traslade y reciba personas con fines de explotación sexual o laboral. Las sanciones se agravan en caso de menores de 18 años. Para los mayores, debe probarse que existió “engaño, violencia o amenazas”.

Por Carlos Rodríguez

A pesar de las críticas que recibió por parte de la oposición, de una legisladora del Frente para la Victoria y de organizaciones sociales, anoche recibió su sanción como ley el proyecto del oficialismo que penaliza la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o para la extracción de órganos. Los aspectos centrales en debate, como anticipó Página/12, giraron sobre todo respecto del punto segundo de la ley, que establece que en los casos de explotación sexual de una persona mayor de 18 años tiene que estar probado que no hubo consentimiento por parte de la víctima. En ese sentido, según el proyecto oficial, debe probarse que la persona fue objeto de “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o pagos”. La ley se aprobó por 157 votos a favor, 35 en contra y seis abstenciones.
Durante el debate, una de las voces del oficialismo que planteó objeciones fue la de la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba. Teniendo en cuenta que en el proyecto oficial la pena prevista para la trata es de 3 a 6 años de prisión –puede llegar a diez años sólo si el culpable es cónyuge o familiar de la víctima–, la legisladora pidió una sanción mayor, de 4 a 15 años, para impedir la excarcelación de los imputados.
Sobre el tema del consentimiento, Córdoba citó un párrafo de la Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena, aprobada en el año 1949. En su punto primero, dice expresamente que la penalidad debe caer sobre el que “explotare la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de tal persona”.
Desde el oficialismo, la encargada de defender el proyecto oficial, impulsado por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, fue la diputada Vilma Ibarra, quien ya lo había hecho en el Senado, donde fue aprobado en diciembre del año pasado. La norma propuesta por la mayoría del oficialismo castiga la “captación, transporte o traslado y la acogida o recepción” de personas con fines de explotación sexual, laboral o para la extracción de órganos. En los casos de explotación de menores de 18 años, las penas pueden llegar a los 15 años de prisión.
Entre muchas críticas, la ley fue apoyada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Su representante en el Cono Sur, Eugenio Ambrosi, aseguró que con la aprobación en Diputados, la Argentina “adaptó su legislación para permitir el combate a las redes delictivas transnacionales que engañan y someten a sus víctimas con el fin de explotarlas, ya sea sexual como laboralmente, saldando una cuenta pendiente desde la ratificación del Protocolo de Palermo que realizó el país en noviembre de 2002, y esto debe considerarse una excelente noticia”. Ambrosi sostuvo en una declaración que la ley sancionada “cumple con los estándares fijados” por el citado protocolo.
Un grupo de feministas de “todos los sectores” intentaron hasta último momento que se modificaran algunos aspectos, en especial la cuestión del consentimiento. “En franca contradicción con la política de derechos humanos que viene llevando adelante la Argentina, se revictimiza a la persona explotada invirtiendo la carga de la prueba”. La declaración fue firmada, entre otras, por la monja Martha Pelloni, Virginia Franganillo, Ana Suppa, Dolores Fenoi y Marcela Durrieu.
En el recinto, la Unión Cívica Radical cuestionó el mismo punto señalando, entre otros conceptos, que “al someter a la esclavitud a una persona se viola un derecho humano y eso no lo puede disponer ninguna persona, de manera que tal consentimiento (el de la víctima) no puede lavar la imputabilidad de quien es el victimario”. El diputado Claudio Lozano, por su parte, afirmó que “la desigualdad social, la impunidad y la pobreza extrema generan condiciones propicias para la trata”, no sólo con fines de explotación sexual sino también para la compra y venta de niños”. Por eso requirió una “política de Estado real y contundente, con un Programa de Atención Integral de las Víctimas”. El Ministerio de Justicia anunció la puesta en marcha del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, que fue creado el año pasado por decreto presidencial.

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Repercusiones en la prensa de La Pampa

12 de marzo 2008. Diario El sindical. Santa Rosa La Pampa

Cuatro años sin saber donde está Andrea Noemí López

Hoy por la mañana se realizó en Buenos Aires una conferencia de prensa con motivo de haberse cumplido el 10 de febrero el cuarto año de la desaparición de Andrea Noemí López en Santa Rosa, La Pampa. Tenía 25 años al momento de desaparecer y se sospecha que es víctima de las redes de prostitución. Pero la investigación que se lleva a cabo presenta muchas irregularidades, según lo expresado por su madre, Julia Ferreira, quien denunció que "la policía de La Pampa la busca a ella muerta, y no sigue otras líneas investigativas. Se habla del crimen, pero yo no siento que mi hija esté muerta. Por eso vengo acá a que me ayuden a encontrarla". Julia también participó el sábado junto con integrantes de la Campaña "Ni una mujer mas víctima de las redes de prostitución" en una actividad en la Costanera Sur, para recordar a Andrea. Se cumplieron ayer cuatro años de la desaparición de Andrea Noemí López, ocurrida el 10 de febrero de 2004 en Santa Rosa, La Pampa. Tenía 25 años y un hijo de 4 años con el boxeador Víctor Purreta, un golpeador y proxeneta con el cual vivía, que la sometía a todo tipo de violencia y la explotaba en distintos prostíbulos junto a otras mujeres, según denuncian su madre y familiares. Andrea no quería esa vida, no quería soportar más la violencia que ejercía sobre ella su pareja. Estaba decidida a abandonar la prostitución y había hecho varias denuncias contra Purreta.

En julio de 2004 es asesinado el proxeneta Juan Carlos Morán, socio de Purreta, que había informado haber visto a Andrea con vida, en un cabaret. Apareció atado de pies y manos, colgado de la ducha del baño del prostíbulo que regenteaba. A la familia llegaron distintas pistas: que había sido vista en prostíbulos de Daireaux, cerca de Pehuajó, también Tucumán. Su mamá, Julia Ferreira, fue hasta esos lugares pero no encontró rastros. La causa presenta innumerables irregularidades. Purreta que fue detenido y condenado por proxenetismo, ya está en libertad. "Hay pistas que indicarían que fue llevada a prostíbulos del sur del país. Pero todas estas pistas que arrojarían luz sobre el paradero de Andrea no han sido investigadas, no han sido objeto de investigación exhaustiva. Por el contrario se siguen pistas tendientes a desviar bastante aquello que hay que investigar, y hacen creer que Andrea está muerta. A Andrea hay que buscarla en los prostíbulos, hacia allí es donde tiene que orientarse la investigación" empieza explicando Marta Fontenla, integrante de Atem. Julia Ferreira dejó La Pampa con la idea de dar a conocer esta situación a nivel nacional y principalmente de seguir adelante con la investigación sobre el paradero de Andrea. Por eso, apoyada por las organizaciones que integran la Campaña "Ni una mujer mas víctima de las redes de prostitución" brindó una conferencia de prensa y marchó también en la actividad del sábado en Costanera Sur. "Ese domingo 8 de febrero, la última vez que la vi a Andrea, estaba muy contenta porque iba a dejar de prostituirse, algo que su pareja la obligaba a hacer. Ella quería criar a su hijito, pero se ve que ya él estaba tramando hacerla desaparecer, por eso inventó eso de que ella dejaría la calle. El lunes 9 uno de mis hijos la vio por el centro comprando cosas para el nene, y andaba muy contenta. Después en la madrugada ella ya desapareció. Para mí eso fue algo que él venía tramando, hacerla desaparecer. Pero yo me entero a los 20 días que mi hija esta desaparecida, porque yo me había ido esa semana a Monte Hermoso. En esos 20 días a él le fueron suficientes para borrar toda huella de lo que hizo. No tuvimos mas noticias, hasta que Morán dijo haberla visto. La policía de La Pampa la busca a ella muerta, rastrilla campos, pero no hay ninguna novedad, nada. Se habla del crimen, pero yo no siento que mi hija esté muerta. Por eso vengo acá a que me ayuden a encontrarla", expresó Julia. Marta Fontenla, explicó que "como Andrea, una inmensa cantidad de mujeres son sometidas de diversas maneras, a situaciones de explotación sexual. La inoperancia y la complicidad de la justicia y la policía y otros funcionarios, consagran la impunidad de los secuestradores y explotadores y, lo que es peor, dejan a las víctimas en una total indefensión. Como todos los crímenes contra las mujeres, las primeras sospechosas son ellas. Suponen que "se fueron por su cuenta", que consintieron la violencia, que fueron responsables de lo que les pasó. Estas ideas, presentes en la sociedad y sostenidas por los jueces, son verdaderos obstáculos a la investigación de los delitos que se cometen contra las mujeres y una garantía de libertad para sus perpetradores". Luego agregó que "Si existiera voluntad y capacidad investigativa, se podrían resolver la mayoría de los casos y restituir la libertad a las personas en manos de las redes de prostitución. Es necesario aplicar aquella legislación que permita investigar y penalizar a los prostituyentes, proxenetas, secuestradores y homicidas, y clausurar los prostíbulos donde se encierra a las mujeres, dado que la instalación de los mismos está legalmente prohibida. Pero también es necesario dictar una ley que contemple y reprima expresamente la trata de personas con cualquier fin y especialmente, en lo que nos ocupa, cuando se refiere a la explotación de la prostitución ajena, tanto nacional como internacional; que sancione a proxenetas, tratantes y rufianes y proteja los derechos humanos de las víctimas". La conferencia concluyó dejando oir otras voces que denunciaban hechos aberrantes, similares a lo sucedido a Andrea. Porque lamentablemente no es la única. Porque el dolor que siente Julia, lo sienten muchas madres a lo largo y ancho del país. Pero la lucha contra la trata implica tomar conciencia, y hacer tomar conciencia. Por eso se exige: Aparición con vida de Andrea Noemí López y de todas las mujeres en manos de las redes de prostitución. Investigación y castigo a los responsables. Leyes y políticas que respeten los derechos humanos de las víctimas y abran los caminos para su libertad Una ley de trata que no condicione la definición del delito a la edad de las víctimas ni a su falta de consentimiento. Juicio político a los jueces que, por desidia o complicidad, no investiguen debidamente Investigación sobre la complicidad de funcionarios en todos los poderes del Estado. Juicio, condena y separación definitiva de sus funciones. Programas integrales de protección y asistencia a las víctimas, sin distinción de edad ni nacionalidad, con fondos suficientes previstos en las leyes de presupuesto, con personal adecuado y controlados por las organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales que se ocupan de la problemática.
Políticas universales de creación de trabajo, de capacitación laboral, vivienda, salud y educación, sin discriminaciones y con particular atención a las situaciones de opresión y desigualdad.
Campañas que desnaturalicen la prostitución, señalen los daños que produce en las mujeres y marque la responsabilidad del "cliente"-prostituyente.