SIN COMPLICIDAD DE FUNCIONARIOS DE LOS PODERES JUDICIAL, LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, NO HAY PROSTITUCION NI TRATA
Millones de mujeres y niñas son prostituidas en el mundo. Ingresan a la prostitución por necesidad económica, situaciones de abandono emocional o físico, de abuso y violencia, para ayudar a sus familias, mantener a sus hijos frente al abandono paterno, proporcionándoles además lo que la sociedad de consumo exige, para pagar sus estudios, reclutadas por un hombre que dice quererlas, o por un “dealer” o una amiga, o secuestradas por las redes de prostitución. Muchas migran de un país a otro, de una provincia o de una ciudad a otra, en busca de mejorar una situación desesperante.
Pero la pregunta no es cómo llega una mujer a la prostitución, sino como sale de ella, con qué recursos.
Lo decisivo no son los motivos personales o sociales que hacen que las mujeres y niñas sean alrededor del 90% de las personas en situación de prostitución, sino la consideración del cuerpo de las mujeres como un objeto de intercambio, como una mercancía al servicio sexual de los varones.
Los prostíbulos pululan en todas partes, en cualquier confitería, pub o whiskeria, en casitas modestas a lo largo de las rutas o en departamentos o locales de lujo. Ello a pesar de estar prohibidos por ley nacional y por la Convención contra la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, suscripta y ratificada por nuestro país y vigente, que castiga la explotación de la prostitución ajena y la instalación de prostíbulos.
De vez en cuando la justicia condena a algún proxeneta, sobe todo cuando se trata de algún caso resonante de secuestro o desaparición de persona, como los de las mujeres en situación de prostitución de Mar del Plata, de Andrea López o de Fernanda Aguirre . En algunas ocasiones, la policía, por orden de un juez, allana un prostíbulo y se lleva detenidas a las mujeres y a algún/alguna regente de menor peso.
La respuesta estatal es reprimir a las víctimas, en los burdeles o en la calle, como sucede con la aplicación de los códigos contravencionales y de faltas, que en su redacción y aplicación cada vez más represivas, son herederos de los viejos edictos policiales. La policía utiliza el arresto, los malos tratos, la amenaza y la coima, convirtiéndose en socia del proxenetismo, cuando no directamente en proxeneta.
Nunca se llega a los grandes responsables de la explotación sexual de las/os
mujeres y niñas/os, a los jefes de las redes de prostitución, o a aquellos funcionarios, legisladores, empresarios, fiscales, comisarios y jueces que participan del negocio. Ni a los clientes prostituyentes. Cuando se formulan leyes, están dirigidas a la represión de las personas en situación de prostitución o bien a la protección velada del proxenetismo, como sucede con la ley de trata con media sanción del Senado.
El Estado, los gobiernos, los poderes legislativos y la justicia, son responsables por lo que hacen, pero también por lo que no hacen. No persiguen a los explotadores, no respetan ni protegen los derechos humanos de las víctimas, no destinan leyes, programas y presupuesto a la creación de refugios, a la asistencia médica, jurídica y psicológica, a la capacitación laboral, a la creación de empleos. No realizan campañas destinadas a desnaturalizar la prostitución y mostrarla como lo que realmente es: explotación y violencia. Los pocos/as funcionarios/as, legisladores/as, fiscales y jueces que, desde su lugar, intentan hacer un trabajo conciente, se encuentran con una verdadera carrera de obstáculos y escasez de presupuesto.
Por todo esto afirmamos: sin clientes y sin complicidad de funcionarios de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo y de las fuerzas de seguridad no hay prostitución ni trata.
Exigimos al Estado:
· Leyes y políticas que respeten los derechos humanos de las víctimas y abran los caminos para su libertad.
· Programas integrales de protección y asistencia a las víctimas, sin distinción de edad ni nacionalidad, con fondos suficientes previstos en las leyes de presupuesto, con personal adecuado y controlados por las organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales que se ocupan de la problemática.
· Políticas de prevención de la prostitución y la trata de mujeres y niñas, que abarquen la educación, los medios de comunicación y la demanda de prostitución.
· Otorgamiento de residencia y trabajo a las migrantes, cuando así lo requieran.
· Políticas universales de creación de trabajo, de capacitación laboral, vivienda, salud y educación, sin discriminaciones y con particular atención a las situaciones de opresión y desigualdad.
· Investigación sobre la complicidad de funcionarios en todos los poderes del Estado. Juicio, condena y separación definitiva de sus funciones.
Millones de mujeres y niñas son prostituidas en el mundo. Ingresan a la prostitución por necesidad económica, situaciones de abandono emocional o físico, de abuso y violencia, para ayudar a sus familias, mantener a sus hijos frente al abandono paterno, proporcionándoles además lo que la sociedad de consumo exige, para pagar sus estudios, reclutadas por un hombre que dice quererlas, o por un “dealer” o una amiga, o secuestradas por las redes de prostitución. Muchas migran de un país a otro, de una provincia o de una ciudad a otra, en busca de mejorar una situación desesperante.
Pero la pregunta no es cómo llega una mujer a la prostitución, sino como sale de ella, con qué recursos.
Lo decisivo no son los motivos personales o sociales que hacen que las mujeres y niñas sean alrededor del 90% de las personas en situación de prostitución, sino la consideración del cuerpo de las mujeres como un objeto de intercambio, como una mercancía al servicio sexual de los varones.
Los prostíbulos pululan en todas partes, en cualquier confitería, pub o whiskeria, en casitas modestas a lo largo de las rutas o en departamentos o locales de lujo. Ello a pesar de estar prohibidos por ley nacional y por la Convención contra la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, suscripta y ratificada por nuestro país y vigente, que castiga la explotación de la prostitución ajena y la instalación de prostíbulos.
De vez en cuando la justicia condena a algún proxeneta, sobe todo cuando se trata de algún caso resonante de secuestro o desaparición de persona, como los de las mujeres en situación de prostitución de Mar del Plata, de Andrea López o de Fernanda Aguirre . En algunas ocasiones, la policía, por orden de un juez, allana un prostíbulo y se lleva detenidas a las mujeres y a algún/alguna regente de menor peso.
La respuesta estatal es reprimir a las víctimas, en los burdeles o en la calle, como sucede con la aplicación de los códigos contravencionales y de faltas, que en su redacción y aplicación cada vez más represivas, son herederos de los viejos edictos policiales. La policía utiliza el arresto, los malos tratos, la amenaza y la coima, convirtiéndose en socia del proxenetismo, cuando no directamente en proxeneta.
Nunca se llega a los grandes responsables de la explotación sexual de las/os
mujeres y niñas/os, a los jefes de las redes de prostitución, o a aquellos funcionarios, legisladores, empresarios, fiscales, comisarios y jueces que participan del negocio. Ni a los clientes prostituyentes. Cuando se formulan leyes, están dirigidas a la represión de las personas en situación de prostitución o bien a la protección velada del proxenetismo, como sucede con la ley de trata con media sanción del Senado.
El Estado, los gobiernos, los poderes legislativos y la justicia, son responsables por lo que hacen, pero también por lo que no hacen. No persiguen a los explotadores, no respetan ni protegen los derechos humanos de las víctimas, no destinan leyes, programas y presupuesto a la creación de refugios, a la asistencia médica, jurídica y psicológica, a la capacitación laboral, a la creación de empleos. No realizan campañas destinadas a desnaturalizar la prostitución y mostrarla como lo que realmente es: explotación y violencia. Los pocos/as funcionarios/as, legisladores/as, fiscales y jueces que, desde su lugar, intentan hacer un trabajo conciente, se encuentran con una verdadera carrera de obstáculos y escasez de presupuesto.
Por todo esto afirmamos: sin clientes y sin complicidad de funcionarios de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo y de las fuerzas de seguridad no hay prostitución ni trata.
Exigimos al Estado:
· Leyes y políticas que respeten los derechos humanos de las víctimas y abran los caminos para su libertad.
· Programas integrales de protección y asistencia a las víctimas, sin distinción de edad ni nacionalidad, con fondos suficientes previstos en las leyes de presupuesto, con personal adecuado y controlados por las organizaciones de mujeres y otras organizaciones sociales que se ocupan de la problemática.
· Políticas de prevención de la prostitución y la trata de mujeres y niñas, que abarquen la educación, los medios de comunicación y la demanda de prostitución.
· Otorgamiento de residencia y trabajo a las migrantes, cuando así lo requieran.
· Políticas universales de creación de trabajo, de capacitación laboral, vivienda, salud y educación, sin discriminaciones y con particular atención a las situaciones de opresión y desigualdad.
· Investigación sobre la complicidad de funcionarios en todos los poderes del Estado. Juicio, condena y separación definitiva de sus funciones.
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